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Ley de Seguridad Privada y videovigilancia

Saturday, 10 May 2014 14:09 Escrito por 

A comienzos de junio la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y parte de su normativa de desarrollo quedarán derogadas.

Tras más de dos décadas en vigor y unos cuantos parches y remiendos normativos para suplir ciertas carencias y torear el paso de los tiempos, le toca tomar el relevo a la nueva Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

Esta nueva Ley, según se apunta en el preámbulo, “representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España”.

Pretende cubrir lagunas y terminar de perfilar la adaptación del sector a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus).

Destaca de ella la actual regulación del catálogo de actividades atribuidas a la seguridad privada y que definen el ámbito de actuación reservado a este sector.

 

ACTIVIDADES RESERVADAS A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

En lo referente a temas de videovigilancia, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, encontramos dos actividades donde únicamente podrán prestar servicios las empresas de seguridad privada:

  • la instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia.
Quedando fuera del ámbito de aplicación de esta ley la fabricación, comercialización, venta o entrega de equipos técnicos de seguridad electrónica, así como la instalación o mantenimiento de dichos equipos siempre que no estén conectados a centrales de alarma o centros de control o de videovigilancia.
  • la explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, así como la monitorización de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles o de cumplimiento de medidas impuestas, y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos casos.

 

REQUISITOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DESARROLLAR ESTAR ACTIVIDADES

De este modo, para poder desarrollar acciones para materializar estas actividades, las empresas de seguridad deberán contar con la correspondiente autorización administrativa, que tendrá una validez indefinida.

No obstante, si lo que se pretende es dedicarse exclusivamente a la actividad de seguridad privada arriba expuesta, relativa a la instalación y mantenimiento, bastará con que se presente una declaración responsable. Parece además que, en este supuesto, los requisitos que deberán reunir las empresas serán menores, aunque este aspecto ha quedado inconcluso hasta que se determine reglamentariamente.

En cualquier caso, la prestación de servicios, dentro del ámbito señalado, por parte de empresas de seguridad que no cumplan con la totalidad de las condiciones y requisitos previstos, tendrá como resultado que el tratamiento de las imágenes de carácter personal derivados del ejercicio de ambas actividades, no sea legítimo.

 

SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

Es más, para que dicho tratamiento sea legítimo, la nueva ley, al detallar los concretos servicios que han de prestar las empresas de seguridad, exige además que:

  • los servicios de instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, los realicen técnicos acreditados, previa elaboración, por ingenieros acreditados, del preceptivo proyecto de instalación. Estos sistemas deberán someterse a revisiones preventivas con la periodicidad y forma que se determine reglamentariamente.
  • los servicios de videovigilancia, sean prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales. Los servicios de videovigilancia, a que esta Ley se refiere, sonexclusivamente aquellos que utilicen cámaras o videocámaras o cualquier medio técnico análogo con la finalidad de vigilar para:
    1. prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes objeto de protección o
    2. impedir accesos no autorizados.
No tendrán la consideración de servicio de videovigilancia, y por tanto podrán realizarse por personal distinto del de seguridad privada, la utilización de cámaras o videocámaras cuyo objeto principal sea: la comprobación del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje.

 

LEGITIMIDAD PARA ADOPTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PRIVADA

De todos modos, al margen de estos supuestos con especiales requerimientos, la nueva Ley de seguridad privada, como la anterior, también contiene una previsión que legitima, sin necesidad de obtener el consentimiento de los interesados, el tratamiento de imágenes derivado de los sistemas de videovigilancia (incluso no conectados con centrales de alarma instalados y mantenidos por cualquier prestador de servicios) al permitir la adopción de cuantas medidas de seguridad se precisen para proteger a las personas y/o bienes y asegurar el normal desarrollo de la actividad personal o empresarial.

Eso sí, la adopción de medidas de seguridad no podrá atentar contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, ni incumplir, en su caso, las condiciones o requisitos establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo.

 

SOMETIMIENTO DE LA VIDEOVIGILANCIA A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Por lo demás, por primera vez en sede legal, la ley establece que “la monitorización, grabación, tratamiento y registro de imágenes y sonidos por parte de los sistemas de videovigilancia estará sometida a lo previsto en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y especialmente a los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima”.

En este sentido, recordemos las obligaciones a cumplir cuando la videovigilancia, en el ámbito privado, tenga como objetivo garantizar la seguridad de las personas y de los bienes:

  • Deberá existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en que se traten los datos.
  • Deberá captar lo estrictamente necesario para el fin perseguido
  • Solo será admisible si es efectivo y no existe un medio menos lesivo.
  • Deberá procederse a la inscripción de un fichero ante la AEPD (salvo que el tratamiento consista exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real).
  • Se adoptarán las correspondientes medidas de seguridad
  • Se colocará un distintivo informativo en los accesos a las zonas videovigiladas, sean exteriores o interiores y se pondrá a disposición de los afectados que lo soliciten el impreso indicado en la instrucción 1/2006.
  • Se dispondrá de impreso informativo a petición de los afectados.
  • Las imágenes se conservarán por el tiempo imprescindible (como máximo un mes).
  • Se deberá celebrar un contrato de acceso a los datos por cuenta de terceros si dicho acontecimiento tuviera lugar y , en su caso, uno de prestación de servicios sin acceso a datos informando sobre el deber de secreto.
  • Como regla general, no se tomarán imágenes ni sonidos de las vías y espacios públicos.

 

LA AUTOPROTECCIÓN, NORMATIVA SUBSIDIARIA Y SANCIONES

Para finalizar, un par más de asuntos importantes, o tres, que no deben quedarse en el tintero:

  • Del mismo modo que la LOPD no se aplica al tratamiento de imágenes en el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar, la Ley de Seguridad Privada no se aplica a las actuaciones de autoprotección, ejecutadas por y para sí mismos, no para terceros, con el fin de proteger su propio entorno personal o patrimonial.
  • Respecto a la videovigilancia, en lo no previsto en la ley de seguridad privada y en sus normas de desarrollo, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre este asunto para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
  • La multa por contratar o utilizar a sabiendas los servicios de empresas de seguridad carentes de la autorización o declaración responsable necesarias para el desarrollo de los servicios de seguridad privada, o a personas carentes de la habilitación o acreditación necesarias para la prestación de servicios de seguridad, será de 20.001 a 100.00€. La sanción para quienes presten estos servicios a terceros careciendo de autorización o sin haber prestado declaración responsable, será de 30.001 a 600.000€ y para quienes ejerzan funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitación o acreditación necesarias, será de 6.001 a 30.000€.